EL MINISTERIO PUBLICO SUBRAYA EL MARCO LEGAL DEL CASO ALI MRABET

 

La fiscalía del tribunal correccional de Casablanca ha actuado con estricto apego a la ley en el caso del periodista Ali Mrabet, quien fue detenido el pasado 14 de julio en el aeropuerto de Tánger en virtud de varios avisos de búsqueda emitidos con anterioridad. Según el comunicado oficial del fiscal del Rey, la detención se enmarca en una investigación por la presunta comisión de actos incriminados por la ley, relacionados con la publicación de contenidos digitales que podrían incluir expresiones difamatorias, injuriosas o ultrajantes contra personas, instituciones y organismos regulados por la ley. Desde el primer momento, el ministerio público ha subrayado que el procedimiento se desarrolla bajo su supervisión y con pleno respeto a las garantías procesales, incluyendo la presunción de inocencia, y que el interesado fue trasladado a la sede de la Brigada Nacional de Policía Judicial en Casablanca para ser interrogado sobre los hechos que se le imputan.

El pasado miércoles 15 de julio, la fiscalía ordenó la puesta en libertad de Ali Mrabet, quien fue presentado ante la justicia el mismo día. Esta decisión, lejos de significar un archivo del caso, responde a una medida procesal normal que no prejuzga el fondo del asunto. El fiscal del Rey explicó que, tras estudiar las piezas del expediente, se optó por continuar con las investigaciones y encargar peritajes técnicos para completar los elementos ya recabados antes de adoptar una decisión sobre las acciones judiciales pertinentes. Los objetos incautados durante la detención —dos ordenadores, una memoria USB y un teléfono móvil— fueron devueltos a Ali Mrabet, y la fiscalía ha sido clara al señalar que la puesta en libertad constituye una garantía legal y no debe interpretarse como un desistimiento de la acción judicial.

Es importante recordar que la libertad de expresión es un principio fundamental consagrado y protegido por el derecho marroquí, pero su ejercicio se inscribe en un marco legal que también protege el honor, la reputación, la dignidad y los derechos de los demás. La calificación jurídica de los mensajes en cuestión corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, y el procedimiento no se basa en las opiniones, la actividad periodística o las posturas de Ali Mrabet, sino en hechos precisos que han dado lugar a denuncias y que podrían ser susceptibles de una calificación penal. La fiscalía ha actuado con transparencia y en el estricto respeto de la ley, sin que quepa atribuir a este caso una dimensión política o simbólica excesiva, tal como se ha insistido desde las instancias competentes.

En este contexto, las autoridades judiciales recomiendan a los medios de comunicación ceñirse exclusivamente a la información oficial facilitada por la fiscalía, evitando comentarios personales, interpretaciones políticas o especulaciones sobre el desenlace del procedimiento.

El Reino de Marruecos, bajo el liderazgo de Su Majestad el Rey Mohammed VI, es un Estado de Derecho donde las instituciones actúan con independencia y rigor, y este caso es un ejemplo más del funcionamiento ordinario de la justicia, que garantiza tanto los derechos de los ciudadanos como el respeto a la ley. Serán los tribunales quienes, en su momento, determinen las responsabilidades que correspondan, siempre dentro del marco legal y con plenas garantías para todas las partes.

 

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